La Constitución española reconoce que «la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado».
Millones de ciudadanos delegamos nuestra representación en miles de políticos, que a su vez nombran a miles de cargos y altos cargos para el ejercicio político, con la presumible buena intención de dirigir, decidir y tomar decisiones en nombre del colectivo de ciudadanos que mejoren su calidad de vida y permitan una convivencia social lo más armoniosa, justa y equitativa posible.
Existen, pues, representantes y representados, pero contra lo que pudiera parecer lógico y normal, en este nuestro país, los representantes no tienen los mismos derechos y obligaciones que sus representados, es más, disfrutan de “otros” privilegios y derechos y quedan exentos de muchas obligaciones, ¿curioso, no?
¿Es nuestra Constitución un bonito libro que se utiliza en los momentos de prometer o jurar algún cargo, a sabiendas de que se incumplirá y que forma parte de la hipócrita puesta en escena del teatro político?
Desconozco si jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución y no hacerlo, es delito…pero como mínimo es una desvergüenza de la que un tanto por ciento muy elevado de nuestros políticos no están exentos.
Sencillamente acogerse al texto del capitulo segundo, articulo 14 (derechos y libertades) y podremos constatar que ni se cumple, ni se hace cumplir por parte de nuestros políticos lo prometido o jurado el día de la aceptación del cargo.
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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